ESTADO DE LOS ESTADOS
Embate de EUA
Lilia Arellano

 

Ciudad de México.- Gobiernos y gobernantes que asumieron la responsabilidad de atender las necesidades de su población en América Latina, como en Brasil, Argentina y Venezuela, resienten el embate del capitalismo estadounidense y sus secuaces locales.

Ello a través de acusaciones judiciales falsas, inventadas e incluso reales en casos de corrupción en los cuales se les intenta vincular. Eso mantiene convulsionadas a esa naciones, cuyos regímenes populares fueron, en su momento, y son, calificados como un “peligro“ para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En cambio, en México, predomina la “estabilidad”, máxima prioridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la implementación acelerada de las reformas estructurales, las cuales permiten la generación incesante de ganancias al capital financiero internacional y las gigantescas corporaciones trasnacionales, particularmente estadounidense. No es importante para la clase gobernante que  el PIB per cápita del país se reduzca o disminuya el poder adquisitivo de los trabajadores; o se eleve la deuda interna de la nación y pierda su recursos, energéticos, mineros, hídricos, etcétera. Lo importante son las ganancias.

Por eso no extraña el descenso de la aprobación al trabajo de la administración de Peña Nieto en las sondeos que hacen medios de comunicación, incluso aquellos que lo han apoyado a lo largo de su gestión. De acuerdo con la encuesta nacional trimestral “Aprobación Presidencial”, levantada entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, por El Universal y Buendía & Laredo, la calificación al trabajo del presidente bajó de la última medición de noviembre -42 por ciento de aprobación- a 32% en la nueva. Es decir, sólo 3 de cada 7 mexicanos consideran adecuada su conducción de país.
Según esta encuesta, en el rubro de “reprobación” a su gestión, subió de 52 a 56% por ciento, aunque el dato real sin duda debe ser más elevado, seguramente hasta el 68 por ciento. Al cuestionársele a la población qué es lo mejor que ha hecho el presidente Peña Nieto, la respuesta más alta fue “nada” con 39% por ciento.

En cuanto a lo peor que ha realizado su gobierno, destacan, con 8 por ciento cada una, “las reformas”, el “aumento de precios, la devaluación y el precio del dólar”, además de “la inseguridad, la violencia y el combate al narcotráfico”. También se mencionó “privatizar/vender al país”, con 7%; con 4 por ciento cada una, la “corrupción”, “el caso Ayotzinapa”, y “la compra del avión presidencial”. Asimismo, el 3% mencionó: “no cumple, no sabe gobernar” y  3% también: “pobreza, falta de apoyos”. “Economía y falta de empleos”, “endeudamiento/despilfarro”,  “la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán”, “viajes” y “apagón analógico”, registraron menciones porcentuales a considerar por la actual administración federal.

BRASIL
En Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades brasileñas, alrededor de tres millones de personas pidieron este domingo la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Además, el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva está siendo investigado en torno a un millonario fraude a Petrobras.  Y al ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso lo acusa una ex amante de usar una empresa para enviarle recursos al exterior.

La ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner es investigada por el caso Hotesur, la venta de dólar a futuro y el financiamiento de su campaña presidencial. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro enfrenta a la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), la cual con el apoyo de la embajada estadounidense pretende lograr su salida anticipada. El modelo económico petrolero venezolano se quebró con la caída de los precios internacionales del crudo.

Un clima de fuerte descontento social se manifestó en ciudades de 15 de los 27 estados de Brasil por la recesión económica y un millonario fraude a Petrobras, el cual salpica a la élite empresarial y política del gigante sudamericano. El fin de semana millones de personas pidieron la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Roussff, quien enfrenta un pedido de juicio político, lo cual podría terminar anticipadamente su mandato previsto hasta 2018.

Convocados por organizaciones civiles contrarias al gobierno de Rousseff, con el respaldo de partidos de oposición, los manifestantes entonaron consignas contra el gobierno y pidieron también prisión para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), investigado por presunta corrupción. Se le acusa de haber recibido presuntamente dos propiedades por parte de empresas relacionadas con la red de irregularidades en la empresa estatal Petróleo Brasileño Sociedad Anónima (Petrobras). La llamada Operación Lava Jato, investiga el millonario fraude en esa petrolera. El caso es llevado por el juez federal Sergio Moro, y en él están implicados políticos, empresarios y ex directivos, por el desvío de unos dos mil millones de dólares de la empresa, entre 2004 y 2014.

Este lunes, Dilma Rousseff convocó a sus asesores más cercanos y líderes legislativos en el Palacio Presidencial de Planalto, a fin de planear la estrategia para asegurar el apoyo en el Congreso necesario para frenar dicho juicio. El líder de la cámara baja, Eduardo Cunha, avanza en el armado de un procedimiento judicial a la mandataria. Asesores económicos estadounidenses advierten –y empujan- que Roussef no acabará su periodo de manera normal, el cual finaliza este año.

VENEZUELA
Venezuela resiente una crisis social y se parte en dos. El pasado fin de semana, miles de opositores reclamaron con pancartas y a viva voz que Nicolás Maduro abandone el poder ya. Por otro lado, los chavistas apuestan a la “revolución bolivariana” y muestran su rechazo al mandatario estadounidense, Barack Obama, por un decreto que tilda a Venezuela de amenaza para Estados Unidos.

Además de la renuncia, la oposición busca la convocatoria a un referendo y una enmienda constitucional como alternativas adicionales para poner fin al mandato de Maduro. La MUD aglutina a la mayoría de los partidos opositores cuyos dirigentes han acordado adelantar este año la salida del poder de Maduro, elegido en abril de 2013 para un período de seis años.
Del otro lado, los oficialistas se movilizan contra Obama, a quien identifican como “el jefe de la oposición”, y rechazan su reciente decisión de prorrogar el decreto que firmó hace un año, el cual declara a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad” estadounidense. Maduro reaccionó a inicios de la semana pasada ordenando la “revisión integral” de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. También instruyó retirar de Washington y regresar a Caracas al encargado de negocios de la sede diplomática.

Instancias internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron el decreto de Obama. “No es Venezuela el país que bombardea a pueblos indefensos, estrangula financieramente a las naciones que no cumplen sus designios o niega la entrada a refugiados de guerra; no hay forma alguna en la que el gobierno y el pueblo de Venezuela puedan ser calificados como una amenaza”, dijo la ALBA, en un comunicado.

ARGENTINA
En las elecciones del pasado mes de noviembre, el liberal Mauricio Macri ganó la presidencia de Argentina, tras imponerse por una ajustada diferencia al peronista Daniel Scioli. Macri, apoyado en una campaña del miedo, ganó por menos de 3 puntos porcentuales, y Argentina viró a la derecha tras 12 años de kirchnerismo. Éste perdió pero resistió con fuerza después del desgaste de 12 años de gobierno. El país entró en una nueva etapa, ajeno al peronismo que dominó durante los últimos 70 años. Macri inicia con poco margen de maniobra un periodo reformista.

Opositores aliados al gobierno manifiestan dudas sobre el respaldo parlamentario al paquete de leyes necesarios para el gobierno de Mauricio Macri para cerrar el acuerdo con los holdouts por bonos impagos de la deuda, destacó este domingo la prensa local de Buenos Aires. Un nuevo obstáculo al trámite parlamentario a debatirse este  martes en la cámara de Diputados, donde el gobierno no tiene mayoría, fue colocado por la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de aplazar al 4 de abril el levantamiento de órdenes contra Argentina para permitir el proceso de apelaciones de acreedores.

El gobierno de Macri necesita emitir bonos por unos 11 mil millones de dólares para afrontar el acuerdo, endeudamiento que la oposición busca limitar en el Congreso. “Hay que resolver el tema de los holdouts (fondos buitre) para volver a crecer y tener acceso al crédito”, dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Un “fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra”. El modus operandi de los fondos buitre consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal (su valor facial), y luego litigar o presionar por el pago del 100 por ciento de este valor. Mediante la especulación financiera, los fondos buitres compran títulos de deuda de los países en una situación económica difícil, a precio muy bajo, para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.

Argentina acordó con los fondos NML Capital, Aurelius y otros acreedores un pago de 4 ml 653 millones de dólares en efectivo, con plazo máximo del 14 de abril. Para ello necesita derogar dos leyes que impiden el pago, condición impuesta por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, para levantar ordenes contra Argentina, impedida a pagar deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010 al que adhirió el 93 por ciento de los acreedores. Con este acuerdo, el gobierno de Macri busca poner fin al litigio de los tribunales federales de Nueva York y salir así de un default  de Argentina desde hace 15 años.

En tanto, la ex presidenta Cristina Kichner resiste tres frentes judiciales. En el caso Hotesur, la ex mandataria está siendo investigada por supuesto lavado de dinero junto a Néstor Kirchner. Se investiga su operación hotelera con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. El domingo, el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini, quien deberá decidir si continua la investigación.

Y, por otro lado, el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro. El Banco Central (BCRA) –señala el magistrado- debió afrontar sumas millonarias por la medida impulsada por el ex presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, a quien también citó a indagatoria junto al ex ministro de Economía, Axel KIcillof. Cristina deberá declarar el 13 de abril próximo. Por último, el juez Ariel Lijo reveló el modus operandi de las empresas que hicieron aportes millonarios a la campaña de Cristina Kirchner.

Durante la campaña presidencial “Cristina, Cobos y Vos” del 2007, el Frente para la Victoria recaudó casi 154 millones de pesos, de los cuales cerca de un 35% fueron aportes de empresas vinculadas a sectores de la salud y a farmacéuticas. Las empresas aportantes entregaban a los responsables de la campaña cheques con un importe, recibían a cambio la factura y previa a la presentación del cheque en el banco, se cubría el monto con depósitos de dinero en efectivo por caja. “Esta claro que el origen del dinero es ilegal, pero va a ser muy difícil probar que este dinero proviene del tráfico de efedrina”, admitió el juez Ariel Lijo.

REFUNDAR PEMEX, PROPONE CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, propuso refundar Pemex, a fin de facilitar la participación de pequeñas, medinas y grandes empresas en sus cadenas de valor, así como en la política pública. Van por una buena tajada del pastel energético.

El sector empresarial del país se pronunció por crear un plan integral para hacer a Pemex más competitiva a nivel global. Lo más importante es que el plan de rescate vaya al fondo de los problemas, que son de generación y no sólo de coyuntura de años anteriores, señaló Castañón en su mensaje semanal. 

Habló de soluciones efectivas a los retos pensionarios y laborales; a la reestructura para lograr la autonomía; a la capacidad financiera; y al gobierno corporativo. También destacó la importancia de aprovechar fórmulas de capitalización estratégicas, la desincorporación de activos y el fortalecimiento financiero.

Para el dirigente empresarial, Pemex ha pasado por décadas de negligencia, abusos y corrupción, los cuales comprometen su viabilidad y supervivencia. La empresa productiva del Estado, agregó, no sólo tiene dificultades temporales de liquidez de corto plazo, sino un deterioro y desajustes estructurales que la ponen en riesgo.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quienes prestarán a Pemex 15 mil millones de pesos para el pago a proveedores pondrán en riesgo sus propias finanzas y calificaciones crediticias, advirtió por su parte la calificadora estadounidense Moody´s.

DE LOS PASILLOS
La deuda fiscal de Oceanografía, por 17 mil 860 millones de pesos, o unos mil millones de dólares, considerada la más cuantiosa que existe en México, no será cobrada. El Noveno Tribunal Federal resolvió en definitiva que ese crédito fiscal no puede ser reconocido en el concurso mercantil de la empresas de servicios petroleros. El pasado 10 de marzo, confirmó la sentencia de un magistrado de circuito, el cual consideró que la deuda aún no era “firme y exigible” cuando fue notificada a Oceanografía en mayo de 2015 y, por tanto, no podía formar parte de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil. Dicho crédito fiscal supera el monto total de la deuda de Oceanografía con todos sus acreedores, que es de unos 14 mil millones de pesos.

El Diagnóstico Cualitativo sobre la Atención a Víctimas de Violencia Sexual, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), confirma: en México, sólo uno de cada 100 agresores sexuales son consignados ante una autoridad. El 90 por ciento de las victimas son mujeres y cuatro de cada 10, menores de 15 años. Existe un marco normativo deficiente en atención a víctimas de violencia sexual y un mal registro por parte de las autoridades, lo cual genera que en los datos haya pocas denuncias, destacó Anita Juárez, directora del Comité de Violencia Sexual de la CEAV.