DECIR SIN HACER: LA LÓGICA DEL SEXENIO
Mauricio Merino

El 7 de enero, el encabezado de la edición de este diario decía: “Gobernación busca restringir al IFAI”. La nota se refería a la iniciativa de ley que, en efecto, está preparando el gobierno para someter las decisiones tomadas por el órgano responsable de garantizar el acceso a la información pública al arbitrio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obstante, ese mismo día el Presidente afirmó —durante una reunión con la OCDE— que: “cada peso que recibe el gobierno debe ser monitoreado hasta su gasto de manera plena, puntual y escrupulosa”. Y al día siguiente EL UNIVERSAL tituló: “Calderón censura la opacidad en estados”.
En el país de las contradicciones flagrantes, ambas cosas existen: Gobernación reconoció que efectivamente el gobierno busca frenar al IFAI, mientras el Presidente abogaba por la transparencia y llamaba a los gobiernos estatales “a que asumamos sin cortapisas los estándares de transparencia y rendición de cuentas que en este caso está promoviendo la OCDE”. Y por supuesto, lo que inundó los medios durante esos días fue la virtuosa declaración del Presidente, mientras que las estrategias diseñadas para impedir que el órgano de transparencia se consolide fueron asunto de este periódico y poco más.
Con todo, la contradicción sirve para ilustrar una de las formas predilectas de este sexenio: el uso de los discursos tronantes y contundentes, que intentan suplir con palabras la inacción del gobierno en los temas chocantes de la administración pública. Durante tres años, el gobierno del presidente Calderón ha desconocido sistemáticamente la importancia que tiene la operación de las burocracias. Como si se tratara de un partido político y no de un gobierno de todos, el presidente y sus equipos cercanos han privilegiado la idea de la lealtad personal al proyecto de Calderón (cualquiera que éste sea) para otorgar plazas y ascensos, y han empleado los recursos que el país les ha puesto en las manos con más sentido de estrategia inmediata que de compromiso de largo aliento. De ahí el enfado de la secretaría de Gobernación con los comisionados del IFAI que han defendido la transparencia a capa y espada: porque éstos no han entendido los asuntos de coyuntura, del día a día en los que vive metido el gobierno, y simplemente han querido que todo se sepa.
Tampoco es la primera ofensiva en contra del IFAI. Como el propio secretario de Gobernación le recordó a Alberto Morales —el autor de la nota que estoy citando—, antes ya se había reformado el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para impedir que la información contenida en las averiguaciones previas de la PGR se abriera al público. Y tal como lo declaró el secretario Gómez Mont al reportero del diario: “a los señores comisionados no les gustaba la reforma y dijeron: ‘Tienes que revelar la información, aunque la ley diga que no’… Un día que quedaron tres, (Juan Pablo) Guerrero y los otros dijeron: ‘¡cómo que no!’ y sacaron una reforma a sabiendas de que había una norma que declaraba confidencial la información”.
La versión del secretario de Gobernación no es exacta, excepto en dos puntos: en la valiente obstinación que tuvo Juan Pablo Guerrero para contribuir con sus colegas a construir un IFAI respetable, a pesar de todas las resistencias; y en la intención del gobierno de controlar a ese órgano tras las decisiones tomadas por alguien que ya no está, con el falso argumento de que el IFAI ha faltado a la ley, por buscar versiones públicas de la actuación de los funcionarios. Un despropósito con tintes autoritarios, que sin embargo se quiere contrarrestar con el discurso del Presidente de la República, quien ese mismo día culpó a los gobernadores de los estados de estar atando a México a la oscuridad y el secreto.
Pero la transparencia no es el único dato de esa conducta contradictoria. El desprecio por el servicio profesional de carrera ha sido otro ejemplo notable de la confusión entre la operación del gobierno y la dinámica propia de un partido político. Mientras que la propuesta de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, en lugar de reformarla y fortalecerla, habló por sí misma del respeto que esos temas le merecen al Presidente, excepto cuando tiene que hablar de ellos ante las cámaras. Lo malo es que la vigencia de los discursos políticos suele ser tan efímera como las ediciones del diario, mientras que los saltos atrás en materia de administración pública durarán años.

Profesor investigador del CIDE
El Universal

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